2010-02-01

La justicia tributaria esta semana tendrá una prueba de fuego cuando la Suprema Corte de la Nación decida sobre la constitucionalidad del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).

Por lo pronto la gran mayoría de los magistrados (9 de ellos, incluyendo al magistrado presidente, Ortiz Mayagoitia) defienden a capa y espada que el IETU es un nuevo impuesto diferentes al Impuesto Sobre la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, y la ministra Margarita Luna Ramos sostiene que es un impuesto directo y lo considera inconstitucional por no permitir la deducción completa de todos los elementos que juegan para la producción de la riqueza.

Se perfila que la decisión será nuevamente para el gobierno al favorecer la constitucionalidad del gravamen implantado por Agustín Carstens y así demostrar que efectivamente está “blindado” el impuesto, y será en beneficio del gobierno.

La salud de la Nación se encuentra nuevamente en serios apuros al poner en duda –y con justa razón- la imparcialidad del máximo tribunal de nuestro país. Si en verdad se quiere avanzar en las finanzas públicas, el papel no corresponde al poder Judicial, sino al Ejecutivo Federal y al Legislativo.

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